Todo comenzó una madrugada de marzo del 2014 en la Guardia del Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán, adonde una mujer joven llega buscando asistencia para sus dolores abdominales y hemorragia vaginal, dando comienzo a una serie de maltratos psicofísicos dirigidos a inculparla en el origen de su cuadro clínico. El primer informe médico indica que se trata de un aborto espontáneo. Ella no sabía que estaba embarazada
Al despertar del legrado se encuentra rodeada por un grupo de policías abocados a la
tarea de “inspeccionar” su intimidad femenina. Una abogada integrante de la organización Católicas por el
Derecho a Decidir, explica que “cualquier mujer que llega a un hospital con un
aborto en curso, sea provocado o espontáneo, está protegida por la
confidencialidad de la relación médico–paciente, que impide a todo el equipo de
salud denunciarla”
Nunca volvió a su casa. La Fiscalía de la provincia le dictaminó la prisión
preventiva, fue arrestada en plena sala de internación y soportó dos años de
calabozo esperando su juicio. En el transcurso del proceso la causa fue caratulada
como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” pese a que
no existe prueba que la vincule con un supuesto feto encontrado en el baño del sanatorio
el día de su llegada. Tampoco hay pruebas de que ella misma provocara el
aborto, mucho menos de haber asesinado a alguien
Enésima historia de una mujer pobre que, además de privada de los
medios necesarios para la manutención económica, es marginada de sus derechos médicos
y legales. Los equipos jurídicos dispuestos a llevar su caso solicitaron
decenas de miles de pesos que su familia no pudo juntar, y así fue que
días antes del debate oral se quedó sin defensa
Los tres hombres integrantes de La Cámara Penal de Tucumán encontraron
a la acusada culpable y el pasado 19 de abril la condenaron a 8 años de cárcel
Belén tiene 27 años
JBE
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