Atilio Borón versus Lanata, Canal 13 y el PO

Sólo por acto de mala fe puede calificarse de “bonapartista” y “nacionaloide” al gobierno de Venezuela, que para la cobertura internacional de sus elecciones nacionales acreditó a más de diez mil periodistas provenientes de todo el mundo, incluido el contingente argentino de PPT.

¿Monopolizador estatal de la expresión pública? ¿El gobierno que habilita a un multimedio privado extranjero para instalarse en su país y ejercer desde allí la comunicación masiva de objeciones y preferencias políticas referidas a su propia situación? ¿Represor del derecho al trabajo? ¿El gobierno que acreditó a Lanata y los demás empleados para que produjeran allá el programa con cuya publicidad Canal 13 hace su negocio y paga sus sueldos? ¿Censor? ¿El oficialismo venezolano que en plena elección les dejó hacer campaña por el candidato opositor? ¿Acaso no pudieron transmitir desde allá las mismas opiniones que difunden acá? ¿No fue que pudieron incluso divulgar parte del contenido de una carpeta del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional?

Es la falsa defensa de los derechos del trabajador argentino lo que motiva la solidaridad  con “un adversario de toda la vida de nuestro partido, incluso cuando realiza una acción de contenido derechista”. Escribir que “de esta manera se refuerza nuestra autoridad política” y hasta se podrá “arrancar a una parte de la clase media de la tutela de la derecha” es una confesión patéticamente involuntaria de que estas declaraciones fueron concebidas por obra del cálculo oportunista y no de la conciencia de clase.

 

En su tartamudez de farsante, esta supuesta defensa de “la libertad de trabajo y de expresión de Jorge Lanata y sus compañeros de trabajo” pasa por alto un dato relevante para analizar, comprender y sentar opinión, cual es que tanto Lanata, como su equipo, las compus, los teléfonos, el embajador, el hotel, los agentes, la carpeta, el aeropuerto y Chávez se encontraban en otro país al momento de producirse el incidente. Se hallaban concretamente todos en Venezuela, país que tiene sus propias leyes, quienquiera las haya dictado, ya fuera un dictador, un Estado Obrero, Juan Domingo Perón o Dios Nuestro Señor.

.

Yo desconozco esa legislación. Sólo sé que pertenece a un Estado Soberano, por lo visto bastante hospitalario y permisivo para con los extranjeros, cuando menos para con los trabajadores de prensa argentinos. Como obrero del mismo gremio, considero que el “incidente carpeta” que mis colegas tuvieron el disgusto de protagonizar (como actores de reparto, mayoritariamente) es el producto de un error cuyas consecuencias exceden las fronteras de nuestro derecho profesional. La divulgación pública de un secreto de Estado bien puede llegar a ser un derecho universal del periodismo, pero en Venezuela tienen derecho a considerarla un delito, estén o no equivocados, compartamos o no esa opinión.
 

Lanata pudo lanzar esa primicia desde acá y el cantar hubiera sido básicamente el mismo, pero eligió (o le ordenaron) hacerlo desde allá. No es el mismo caso del “Watergate”, como él mismo comparó recién llegado a Ezeiza, mientras prendía un pucho. Bernstein y Woodward eran dos norteamericanos fumando en una redacción de Washington, donde amparados por las leyes de su país investigaban a su propio gobierno.

 

El error pudo a su vez ser motivado por el intento de llevar a cabo una provocación. ¿Si no por qué se divulgó desde allá? ¿Fue por orden o con permiso del 13? Lanata dice que experimentaba la incómoda sensación de sentirse vigilado todo el tiempo. ¿Por qué entonces se apareció en la aduana venezolana exhibiendo justamente ese documento secreto?

 

Por lo tanto ese error puso al grupo entero de compatriotas en riesgo de ser cómplices de un delito cometido en otro país. Y sin embargo parece que no se violó ninguna ley venezolana, o que en tal caso los perdonaron. Según la carpeta, todo indica que los dejaron entrar a sabiendas de quiénes eran, con licencia para hacer el trabajo de “informar” sin supervisión ni censura alguna y permiso de sumarse a la campaña proselitista a favor de Capriles. Tuvieron hasta la libertad de poder revelar secretos de Estado.

Pudieron hacer todo esto. ¿Se les ofrecía algo más?

 

Finalmente, aunque los demoraran un par de horas aeroportuarias para hacerles algunas preguntas y les exigieran dejar algunos valores informativos de soporte digital, el programa ya estaba hecho y había sido emitido en directo. A lo sumo los privaron de algunas sobras tiradas a la parrilla para compartir con la audiencia durante los domingos siguientes. Vaya uno a saber qué otro ejemplo de propiedad intelectual de la “inteligencia”.

  

Aguante, Atilio, y como dicen: no gaste pólvora en chimangos.